América Latina: democracia en la encrucijada

Por Laura Chinchilla

Laura Chinchilla

América Latina atraviesa momentos políticos determinantes como resultado de un ciclo electoral que se abrió en Chile en noviembre del 2017 y se cerrará en Argentina y Uruguay en octubre del 2019. En un período de 24 meses, 14 de los 18 países de la región acuden a elecciones presidenciales y, en varios casos, también a legislativas.

Lo que viene. Si por la víspera se saca el día, y observando las elecciones que ya han tenido lugar, podemos anticipar que se avecinan tiempos de incertidumbre e inestabilidad en lo que a la política respecta. Salvo el caso de Chile, en donde los resultados de las recién pasadas elecciones fueron bastante predecibles –pese a la sorpresa del balotaje–, los desenlaces electorales en Honduras y Costa Rica han estado marcados por la controversia y el desconcierto.

En Honduras, un proceso electoral fuertemente cuestionado por parte de los observadores internacionales ha dejado una estela de violencia y polarización social; en Costa Rica, un electorado extremadamente volátil produjo resultados sorpresivos y una segunda ronda electoral cuyo desenlace anticipa complejas condiciones de gobernabilidad. Por su parte, los controvertidos escenarios políticos dentro de los cuales se encaminan hacia las elecciones Colombia (mayo), México (julio) y Brasil (octubre), acrecientan la incertidumbre al tratarse de algunas de las economías más importantes de la región.

Deseos de cambios. Con algunas pocas excepciones, las tendencias en el comportamiento del voto apuntan hacia un deseo de cambio frente a los partidos gobernantes y a una mayor fragmentación de la representación en los parlamentos, lo que debilita las posibilidades de bancadas oficiales mayoritarias. Considerando las rigideces institucionales que caracterizan al presidencialismo latinoamericano, esta última circunstancia se convierte en un factor que debilita la gobernabilidad democrática y en un detonador de las inestabilidad política, tal y como ocurrió recientemente en Perú, en donde las tensiones entre el poder ejecutivo y el legislativo estuvieron a punto de provocar la destitución del presidente de la República.

Los complejos escenarios electorales y políticos son la expresión de un electorado que está acudiendo a votar con un pesado fardo de reclamos y frustraciones en contra de quienes les gobiernan, y que viene minando su confianza en la democracia.

El estudio de opinión del Latinobarómetro del 2017 da cuenta de una tendencia hacia la pérdida de apoyo a los gobiernos y a la democracia desde el año 2010, y cataloga el actual escenario institucional de “deterioro creciente y sistemático de la democracia”.

Las razones de este deterioro son múltiples, desde una percepción de estancamiento económico –pese a que la mayor parte de las economías han vuelto a experimentar tendencias hacia el crecimiento–, pasando por un estado de alarma frente a una criminalidad cada vez más violenta y organizada, hasta la justificada indignación por los casos de corrupción pública que, como en el caso de Odebretch, extendió sus tentáculos a toda la región.

A las condiciones mencionadas se suman situaciones en extremo críticas que están poniendo a prueba los mecanismos diplomáticos y de cooperación con que cuenta la región. Tal es el caso de Venezuela, cuya gravísima crisis política, económica y humanitaria está impactando la estabilidad regional con los incesantes flujos de refugiados, que huyen hacia Colombia, y los crecientes flujos de drogas ilícitas que cruzan varias fronteras vecinas hacia los grandes mercados de consumo.

También es el caso de los países del Triángulo Norte de Centroamérica –Guatemala, Honduras y El Salvador–, en donde se produce una mezcla explosiva de crimen organizado, corrupción, fragilidad institucional y polarización social.

Responsabilidad política. Algunos factores se proyectan en el horizonte como estabilizadores capaces de atenuar el deterioro político, entre ellos, la recuperación económica que se está registrando en varios países, y la actuación de jueces y fiscales que está poniendo fin a la vergonzosa historia de impunidad que ha caracterizado nuestra región. Sin embargo, la mayor carga de responsabilidad recae en la política misma, la cual, aprovechando los relevos que se avecinan, está obligada a prestar adecuada atención a las expectativas y demandas de una ciudadanía más crítica y más protagónica; una ciudadanía que si bien se sigue haciendo presente a las citas electorales, nos está dejando mensajes de impostergables reformas a nuestras democracias.

Ex presidenta de Costa Rica.

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