Daniel Oduber Q.
El proyecto de ley para crear una Corporación de Inversiones -como ya se dijo- fue presentado por el Gobierno del presidente Orlich a consideración de la Asamblea Legislativa, al iniciarse apenas su mandato. Las bases fueron trazadas originalmente por el Ministro de Hacienda, Lic. Raúl Hess y un grupo de colaboradores. En agosto de 1962, el Banco de Costa Rica sometió a conocimiento del Poder Ejecutivo otro proyecto para que esa Corporación se constituyera como otro departamento suyo. El 29 de noviembre de 1963 el Ministro de Economía y Hacienda, Lic. Bernal Jiménez, presentó a la Asamblea Legislativa el primer proyecto de ley, el que contó con el apoyo del Banco de Costa Rica y del Banco Central.Muchos meses se habían dedicado a estudiar cuidadosamente la creación de este organismo estatal. El trámite se inició en la Asamblea y el 16 de junio de 1965 se sustituyó por otro proyecto que presentó el mismo Ministro de Economía. Todos los bancos del Sistema dieron su opinión favorable y algunas sugerencias de enmiendas. El 22 de marzo de 1965, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó favorablemente pero por estar ya en medio de la campaña electoral de 1965, el proyecto no se llegó a votar. Todos esos años, como Ministro y como candidato presidencial, estuve informado de la marcha del proyecto que, para mí, sería pieza fundamental del cambio necesario en nuestras estructuras económicas.
Perdí la elección presidencial de 1966, pero el Partido Liberación Nacional obtuvo mayoría en la Asamblea Legislativa y el 21 de julio de 1966 de nuevo se puso a despacho el proyecto citado. El 21 de julio, se consultó el criterio del Poder Ejecutivo, como éste no contestó, se le volvió a consultar el 21 de julio de 1967 y el ministro Trejos Fonseca contestó que «el estudio correspondiente se estaba realizando».
El 29 de mayo de 1969, el diputado Antonio Arroyo Alfaro sustituyó el texto original por uno nuevo que aprobó la Comisión y se hicieron las consultas respectivas al Sistema Bancario Nacional. Esta vez hubo oposición fuerte de los nuevos directores, como era de esperarse. Debe recordarse que el proyecto del diputado Arroyo Alfaro fue el resultado de amplísimas discusiones y consultas con representantes de los Poderes Ejecutivos y Legislativo de entonces, de la empresa privada, de los bancos y de instituciones internacionales. Para no atrasar aún más el proyecto, el 2 de setiembre de 1969, la Comisión de Asuntos Económicos dio su dictamen de mayoría afirmativo. Lo firmaron los diputados: Licda. Matilde Marín, don Rafael López Garrido, don Hernán Garrón Salazar, don Antonio Arroyo Alfaro, don Harry Arriata Quesada, don Hernán Vargas Ramírez y don Arnulfo Car mona Benavides de Liberación Nacional, don José Hiñe García, don Roberto Chacón Murillo y don Guillermo Villalobos Arce, de Unificación Nacional y don Frank Marshall Jiménez, de Unión Cívica Revolucionaria. Más de siete años había durado su tramitación.
En 1965 el economista doctor Eduardo Lizano, publicó un trabajo sobre «La corporación de inversiones y la integración económica centroamericana». Para los estudiosos de esa materia, ese texto, (publicado por el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica), venía a urgir, claramente, la necesidad de crear ese organismo y a establecer cuáles debían ser sus lineamientos generales. Era evidente que para lograr el desarrollo del país, y ante el reto del Mercado Común, y principalmente para fortalecer nuestra incipiente industria, la Corporación de Inversiones debía ser creada con las características de un banco de desarrollo integrado al Sistema Bancario Nacional. No era posible pensar, como lo quisieron algunos, en una institución autónoma más, sino en un ente parecido al banco estatal aunque con características muy propias.
Repito aquí que, para un país pobre, la inversión por ahorro personal, es bastante difícil. Asimismo, las sociedades mercantiles costarricenses, asentadas en una política social de muchos lustros, tienen poca posibilidad de ahorrar e invertir. Como contraste, algunas instituciones nacionales como la Caja Costarricense de Seguro Social en sus programas de Invalidez, Vejez y Muerte; el Instituto Nacional de Seguros; los programas de pensiones, el Banco Popular etcétera, disponen de recursos de ahorro cuantioso que, junto con las operaciones bancarias tradicionales, podían servir para invertir en proyectos rentables, que defendieran al país de la toma de proyectos económicos estratégicos por parte de grupos indeseables del mundo internacional de las finanzas. Sin oponernos a la inversión extranjera, necesaria para acelerar nuestro desarrollo, siempre sostuvimos el criterio de que algunas industrias estratégicas debían ser siempre costarricenses.
La movilización de grandes reservas nacionales en forma inadecuada o sujeta a vaivenes políticos, podría ser transformada y realizada seriamente, correctamente planificada y bien garantizada en su rentabilidad. Todas esas ideas se desarrollaron en el grupo que, después de 1970, y en la nueva Asamblea Legislativa del segundo Gobierno del señor Figueres, hicieron que el dictamen de 1969 fuera corregido y discutido de nuevo para crear una corporación de desarrollo que ha venido a conocerse como Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA).
La Ley 5122 del 16 de noviembre de 1972, firmada por mí como Presidente de la Asamblea Legislativa, fue sancionada por don José Figueres el mismo día, diez años y medio después de haberse presentado a la Asamblea el primer proyecto.
Ahora, diez años después, se puede hacer un balance de lo bueno y lo malo de CODESA, pero no se puede decir, como lo dicen algunos, que debe ser cerrada y clausuradas sus empresas. Año y medio del Gobierno del señor Figueres en que inició sus operaciones esta Corporación, cuatro años de mi Gobierno en que se consolidó y se expandió, y cuatro años del Gobierno de Carazo, quien quiso destruirla en beneficio de unos pocos, hacer urgente una revisión para determinar, claramente, si en CODESA hay elefantes blancos y cómo aparecieron en el cuadro general.
El país ha cambiado de dirección y CODESA lo está haciendo también. Al igual que todas las instituciones (ICE, Sistema Bancario Nacional. Caja del Seguro, etcétera), el desastre total del Gobierno anterior, las debilitó, pero eso no quiere decir que deben cerrarse o destruirse como lo quieren algunos, sino volverlas a poner en el estado que se hallaban en 1978, antes del terremoto que nos dejó en escombros. Ver sus errores, rectificarlos para mejorar su operación, sigue siendo tan necesario para el país como era en 1962, y parte de la reconstrucción nacional si se quiere hacer en beneficio de nuestro pueblo, debe confiarse a una CODESA más eficiente, más vigorosa y más limpia.
Los elefantes blancos (III)
Agosto 04, 1982
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