Roberto Castro Chaves
En los últimos tiempos hemos visto y opinado acerca de los abusos, teóricamente achacables a los sindicatos, básicamente los que funcionan en el Gobierno Central y en las Instituciones Descentralizadas, pero nos olvidamos de que la función pública abarca otros ámbitos que están contenidos fuera del alero del gobierno central, pero que no por ello dejan de ser “función pública”. No hemos hablado de los abusos presentes en el Poder Judicial, tampoco hemos tocado a la Asamblea Legislativa y menos aún al Tribunal Supremos de Elecciones y el Régimen Municipal.En primer término hemos traído a colación la problemática, por cuanto es parte importante del desmesurado gasto público que nos está llevando a un déficit, que momentáneamente puede ser manejable, pero que no sabemos cuánto tiempo podemos sostener esa situación o si la podemos revertir. Los RRHH constituyen parte del gasto público, pero no podemos asegurar que sea el único rubro presupuestario que nos está precipitando en el gasto desmedido; porque si consideramos la situación de las pensiones, no solo el Poder Ejecutivo y las Instituciones Descentralizadas, debemos también incursionar en el Régimen de Pensiones del Poder Judicial y el Tribunal Supremos de Elecciones y otros. Las preguntas que surgen son: Son abusivos como los de algunos bancos, son sumamente exagerados en cuánto a los montos y condiciones adicionales, son muy selectivos como otros de algunas instituciones, qué organización puede controlar los abusos de la Contraloría y otras instituciones de rango similar en este mismo sentido… no lo sabemos.
En algunos momentos hemos hablado de los mecanismos de defensa que utiliza la burocracia para mantener su condición actual, pues ese mecanismo también es usado y con mayor intensidad por funcionarios institucionales que no han sido mencionados, y que a veces se convierten en contrapesos organizacionales que simulan defender derechos que no son otra cosa más, que privilegios, en realidad defienden un sistema de vida diferenciado. Pero resulta ser que los grupos dominantes que administran, manejan y controlan estas organizaciones, se han convertido como diría Michel, en grupos oligárquicos que controlan la organización y que se creen que son insustituibles además de indispensables, como ocurre en la Corte y en el Tribunal Supremo de Elecciones. Estos grupos dominantes han convertido la Institución en un verdadero predio, que no es donde predomina la “ley de bronce de los salarios”, sino que es un clasismo laboral donde los mecanismos de control del Estado tienen difícil o ningún acceso.
Desde este punto de vista los sindicatos dejan de ser la parte principal del problema del gasto público y se convierten en parte de la problemática de los RRHH de la Función Pública, por lo que debemos estar de acuerdo en que corregir esas tendencias oligárquicas institucionales, requieren de una Constituyente donde tomar las medidas correctivas, y plantear una necesaria reestructuración del Estado.
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