Esbozos del próximo Estado costarricense y un programa mínimo para hoy
Dr. Fernando Zamora Castellanos
El presente ensayo tiene como propósito analizar y plantear cuáles son los cambios que son indispensables para modernizar el Estado costarricense. Inicia con un análisis histórico de la génesis del listado patriarcal descentralizado. El posterior proceso de centralización y su razón de ser, para culminar con la propuesta de cambios necesarios dentro de la estructura estatal desde la perspectiva de la descentralización y el fortalecimiento del gobierno local.
Gobierno descentralizado: génesis de nuestra democracia
Hemos afirmado(1) que el Estado costarricense en su nacimiento se caracterizó por la preponderancia de una democracia de aspiración participativa, de gobierno local sus principales instituciones lo fueron el cabildo, el ayuntamiento y el gobierno interior de los pueblos. Vivo ejemplo de ello, y de esa aspiración participativa lo es la disposición del Ayuntamiento de Cartago que invita a los demás ayuntamientos de la Provincia a enviar delegados que conformasen una Junta de Legados de los pueblos para debatir la formación de un gobierno provisional a raíz de la noticia de la independencia.
Al iniciarse el siglo XVIII Costa Rica conoce un fuerte proceso de resurgimiento de las municipalidades. Este nuevo fortalecimiento se ve motivado por la invasión napoleónica a España, que provoca una resistencia popular a través de las Juntas locales. En la América Española esta resistencia se traduce en el fortalecimiento de los cabildos que eran instituciones representativas de gobierno local.
En buena medida la razón de ser de la fortaleza de dichos gobiernos interiores radicaba fundamentalmente en que, de conformidad con el capítulo dedicado al «Gobierno Interior de las Provincias y de los pueblos» la Constitución de Cádiz de 1812, promulgada para enfrentar las fuerzas napoleónicas, le otorga a los gobiernos municipales la recaudación y asignación de contribuciones fiscales y la capacidad de la administración e inversión de dichos caudales en el tanto fuesen propios del municipio.
Así las cosas con una importante fuente de recursos garantizada, los gobiernos locales o interiores tenían la capacidad de desarrollar programas y proyectos económicos relativos a la promoción de la industria, la agricultura, el comercio, las comunicaciones. El cabildo llegó a regular muchos aspectos tales como el reparto y la adjudicación de tierras, regulación e impuestos al tráfico comercial, aún aspectos tales como los relativos al abastecimiento de productos básicos.(2)
Ya la «Ley de Recaudación e inversión de fondos municipales», refiere como funciones de los municipios la educación, la seguridad, la salud y las obras públicas y del decreto 161 del 13 de junio de 1828(3) se concluyen como funciones típicas del municipio del Siglo XIX las relativas al fomento de la agricultura, la industria y el comercio, tierras comunales, obra pública, abastecimiento y alimentación de la población, salud pública desde la perspectiva de registros demográficos, control y prevención de epidemias, administración de hospitales y fielmente aquellas funciones educativas relacionabas con la administración de los centros educativos.
Asimismo de la ley de recaudación de impuestos municipales antes ¡endonada, resulta evidente el esmero en la atención del tema tributario donde se establece la obligación que tenían los ayuntamientos de levantar registros de los contribuyentes y el nombramiento de recaudadores denominados mayordomos, los cuales recibían una comisión sobre el monto de la totalidad de los tributos logrados.(4)
Rodrigo Facio(5) sostenía que el Estado costarricense originario era de carácter patriarcal, caracterizándolo como un Estado con un Poder Ejecutivo sin fuerza y dependiente de los consensos de las facciones locales.
Lejos de existir un centro de poder que controlase el Estado, la realidad correspondía al del protagonismo de los poderes regionales, fundamentalmente los de Cartago, San José, Alajuela y Heredía, y en ellos como núcleo de ese poder, el ayuntamiento. De hecho de un análisis del Pacto de Concordia se concluye un concepto municipalista de Gobierno donde las funciones son legislativas y ejecutivas a la vez, y donde se divide el poder político con niveles de autonomía municipal en alguna medida excesivas y más allá de lo conveniente. Fruto de esta condición es la ley de la ambulancia, la cual, en un afán de apaciguar los celos localistas provocó una situación que hacia imposible la dirección del gobierno.(6)
La razón de esta atomización del poder lo fue el hecho de la inexistencia de una clase social lo suficientemente poderosa como para permitirse las condiciones de darle respaldo económico y financiero a un único Estado (centralizado fuerte y no es sino hasta la entrada de (Costa Rica al mercado mundial, que nace una clase agroexportadora lo suficientemente capaz de traducir la concentración de su poder económico en uno político, a través de un Estado que, a partir de la Segunda mitad del siglo XIX y hasta nuestros días, ha sido en gran medida centralista.
De más está decir entonces que a partir de la independencia y en la génesis de nuestra democracia, los municipios jugaron un papel vital en la determinación del orden político al punto que la orientación institucional primigénea del país, es el de una democracia municipal. Es así como las corrientes ideológicas, tanto conservadoras como liberales, es desde el municipio que se manifiestan, lo que contribuyó además a la forja tanto de la identidad como del Estado Nacional.
El modelo centralista
Ahora bien, ¿Cuál es la principal necesidad que enfrenta la naciente clase agroexportadora y que le urge que resuelva ese Estado centralista que se forja?
Podríamos afirmar que el principal problema que debe resolver el Estado en dicho crucial momento de la vida nacional lo es el del desarrollo de la infraestructura pública. Costa Rica no solo se enfrentaba entonces con una pobre tecnificación del proceso de producción agrícola, sino básicamente con un país sin adecuadas vías de acceso a sus litorales. En gran medida entonces, la razón económica de fondo que provoca la irrupción de un Estado centralista fuerte, está ligada a una necesidad de desarrollo de la infraestructura pública nacional.
A raíz de la instauración del centralismo esta necesidad logró ciertamente ser resuelta. Cien años después de las primeras legislaciones que instauraron el centralismo, como lo fue la Ley de Bases y Garantías que es su carta constitutiva promulgada por Braulio Carrillo, la fundación de la República en 1848 por Castro Madriz o la Constitución Política del año 1871 promovida por Tomás Guardia, todos ellos próceres del estado centralista, podemos afirmar que este modelo fue eficaz en el desarrollo de una infraestructura pública acorde con las necesidades de entonces. Se da respuesta a los dilemas del desarrollo de entonces y ciento cincuenta años después del inicio de este modelo de estado podemos afirmar que los cuatro grandes logros del centralismo lo han sido:
Primer gran logro: el que se desarrollara la infraestructura pública vial nacional. Ya desde hace muchos años se abrieron las vías de acceso a los dos litorales, a las fronteras nacionales y por ende a la promoción de las importaciones como de las exportaciones.
Segundo gran logro: Se (desarrolló una amplia infraestructura pública educativa. Fruto de este proceso Costa Rica se encontró cercano a la universalización de la enseñanza primaria, y desarrolló especialmente a partir de 1950, un desarrollo excepcional tanto de la infraestructura pública educativa secundaria Como universitaria.
Tercer gran logro: se desarrolló una amplia cobertura sanitaria en el país con una aceptable infraestructura pública tanto hospitalaria como de clínicas de salud preventiva. Este esfuerzo se consolidó y multiplicó con tres instauración de la seguridad social, sin embargo tiene su génesis en el inicio definitivo de actividades, a finales del siglo pasado, del Hospital San Juán de Dios, obra derivada de una iniciativa del entonces congresista Castro Madriz.(7)
Cuarto gran logro: a partir de la segunda mitad de este siglo y hasta la década de mil novecientos ochenta, una estrategia financiera de democratización del crédito que fue muy efectiva durante ese lapso en la modernización posterior del país.
A partir de la década de los años de mil novecientos ochenta, Costa Rica empieza a evidenciar importantes signos de desgaste de su modelo de desarrollo centralista. Esta crisis inicialmente se manifiesta en un reflejo económico: tal vez el colapso financiero más agudo de su historia republicana hace que la deuda pública creciera de una década a la siguiente de quinientos millones de dólares a tres mil quinientos millones de dólares.
Entre los años que van de 1979 a 1982 se duplicó y triplicó el decrecimiento de la producción interna bruta. Se duplicó el sector informal del mercado de trabajo de un 25% a un 50%en 1982. El consumo per cápita se estrepitó cuadruplicándose el porcentaje de su caída de 1979 a 1983. En los dos primeros años de la década se duplicó el desempleo abierto, cayendo los salarios al 40%, la producción global un 6% la producción per cápita un 16%, resultando que se duplicara la indigencia en los dos primeros años de la década.
Al día de hoy, los dos principales problemas de administración estatal reflejados por la centralización, que le estallan a la cara a los gobiernos de turno y que están representando una verdadera pesadilla el nuestro modelo de desarranco.
Hoy el gran reto consiste en revertir la situación de un estado costarricense financieramente quebrado e incapaz de invertir. Si el gran reto que hizo nacer el centralismo lo fue la necesidad de inversión en infraestructura pública nacional, igualmente ese reto debe hacer nacer hoy el nuevo modelo descentralizador.
Así como el principal propósito de la irrupción del centralismo lo fue el desarrollo de la infraestructura nacional, el principal propósito de la irrupción del «des-centralismo» lo es el desarrollo de la infraestructura pública nacional. El centralismo logró, en su momento, una mayor y mejor recaudación tributaria, y una inversión más eficaz de ese recaudo, y hoy, sin embargo, es un modelo descentralizado el que puede lograr tanto una mejor y mayor recaudación tributaria como una inversión más eficaz del presupuesto público.
El ideal de un modelo descentralizado sectorial y territorialmente
Los lineamientos fundamentáis sobre los cuales deben construirse los pilares de una nueva propuesta política se resumen en la lucha por la democratización del estado costarricense a través de un proceso descentralizador. En una vía que es de descentralización territorial -a través del acceso al poder de formas públicas no estatales de organización comunal y municipal- y en otra vía la deben construirse los pilares de una nueva propuesta política se resumen en la lucha por la democratización del estado costarricense a través de un proceso descentralizador. En una vía que es de descentralización territorial -a través del acceso al poder de formas públicas no estatales de organización comunal y municipal- y en otra vía la lucha por la democratización del estado costarricense a través de un proceso de descentralización sectorial, esto es, mediante el fomento de formas públicas no gubernamentales, pero supervisadas y reguladas por el Estado y en quienes se pueda delegar muchas de las tareas ejecutivas típicas del gobierno central.
Particularmente esta última tesis ha sido estigmatizada por los grupos de interés sindical como una propuesta neoliberal, lo cual no es cierto, pues nuestra propuesta de descentralización sectorial del Estado confronta la propuesta neoliberal en el tanto ésta, básicamente, promueve la descentralización sectorial en función de reducirla en la práctica a una venta y privatización de los servicios públicos en favor de los grupos mercantiles ligados tradicionalmente a dichas áreas.(8)
La propuesta social demócrata, por el contrario, se orienta en función de tres alternativas: la concesión de obra y servicio público, la alianza estratégica y la participación societaria obrera de modo en éste último caso que sean más bien los sectores de trabajadores, esto es, la fuerza de trabajo, tradicionalmente ligada a los respectivos sectores productivos, quienes asuman, como organizaciones gremiales de trabajadores -por ejemplo, en este sentido va el espíritu de la ley de sociedades anónimas laborales- y con un criterio de solidaridad social pero con requerimiento de eficiencia económica, muchos de los servicios públicos en los que el estado con un carácter meramente empleador, cual ha sido la regia hasta ahora, ha demostrado en los últimos <3ños un desgaste e incapacidad evidente. Debe reconocerse de que la mano invisible del mercado ha demostrado su eficiencia como promotora de una cultura comercial de dimensiones planetarias, sin embargo igualmente debe reconocerse de que esa mismo del mercado ha generado una acumulación de capital en pocos agentes económicos de poder planetario. Igualmente se debe aceptar de que ya no es respuesta al problema de la distribución la propuesta de un estado benefactor que concebía su intervención en beneficio del "reparto" de la riqueza a través de un gigantismo empleador y sobreregulador. Nuestro gran reto consistirá en la transformación de ese estado de modo que promueva otro tipo de intervención y regulación, haciendo acopio de formas de organización que sin sr necesariamente gubernamentales, puedan resultar involucradas en la actividad pública. Este reto permitirá sin duda sentar las bases de una Costa Rica con un nuevo proceso de modernización, la cual no se conciba exclusivamente como la capacidad de ciertos sectores sociales al consumo desenfrenado a costa de otros que carecen de lo indispensable, sino al proceso de modernización concebido como la irrupción de un nuevo proceso de distribución de riqueza, de movilidad social de sectores empobrecidos y de florecimiento de un nuevo optimismo nacional, tal y como sucedió en los lustros del cincuenta y sesenta, cuando las campañas políticas eran más ilusión y utopía que rencores. La descentralización sectorial desde la perspectiva antes dicha debería asumir actividades típicas del gobierno central de hoy como lo son la actividad portuaria y aeroportuaria, el desarrollo de la infraestructura pública nacional, la administración hospitalaria, la administración aduanera, la administración y modernización de los servicios públicos registrales de la propiedad y el desarrollo de los proyectos energéticos que el Estado estratégicamente decida emprender. La descentralización territorial implica un traslado de competencias del poder central al régimen municipal. Actualmente el régimen municipal es prácticamente inexistente como factor de solución real de los problemas de las comunidades en la administración pública costarricense. Las autoridades municipales han quedado reducidas a simples intercesores entre las comunidades y los poderes centrales o en el peor de los casos mendicantes de los funcionarios ministeriales o legislativos en pro de asignaciones presupuestarias para sus comunidades. Todo el presupuesto de las 81 municipalidades del país resultó un mendrugo de tan solo un 1,6% del total del gasto público.
Así como la «carta fundacional o constitutiva» del nuevo modelo descentralizador sectorial parece ser la Ley de concesión de obras con servicios públicos, se requiere una reforma aún más profunda en materia de descentralización territorial que implique una reforma tributaria que además de trasladar buena parte de la recaudación tributaria a la administración municipal, de modo que esta se recaude más eficientemente, le traslade también competencias público administrativas que hagan que la solución de los problemas de la ciudadanía se encuentren más cercanas al ciudadano, tal y como sucede actualmente en muchos países desarrollados.
En principio debemos pensar en modernizar a la corporación municipal, a través de la transformación de su estructura política, estableciendo un sistema de frenos y contrapesos que hoy no existe de forma completa. Si bien es cierto existe una figura ejecutiva, el alcalde, y una figura legislativa, el concejo municipal, actualmente la administración municipal no cuenta con un órgano contralor o auditor de sus finanzas, de carácter igualmente local, que sea suficientemente fuerte y autónomo.
Los departamentos de auditoría municipal son apéndices de las alcaldías, lo que obliga constitucionalmente a que sea la Contraloría General de la República la que fiscalice las 81 administraciones municipales del país además de prácticamente toda la actividad financiera estatal costarricense, con el consecuente colapso tanto de la Contraloría como de las administraciones municipales que muchas veces se hacen piedra esperando que ésta les autorice sus gastos.
Deben instaurarse órganos contralores municipales en cada una de las 81 municipalidades del país, de nombramiento de la Contraloría General de la República cada cuatro años, asignados a la dirección del auditoraje con sede en cada municipalidad, con total autonomía del resto de la administración municipal, responsables de sus actos solo ante la Contraloría General y con plena potestad de autorización y refrendo de los presupuestos, de modo que la administración municipal sea más ágil. Complementando esta modernización el traslado de competencias y recursos económicos.
En principio las competencias que esencialmente deben pasar a manos de la administración municipal son aquellas que serían desarrolladas más eficientemente si estuviese su administración más cercana al ciudadano. Estas son:
a) la administración de los impuestos a los bienes inmuebles, las rentas y las ventas. Es un hecho que la administración tributaria es más eficiente cuanto más cercana se encuentre tanto del contribuyente que la debe acceder para pagar sus tributos como de la administración que debe controlar su recaudo. La verdadera reforma tributaria llegará cuando los impuestos de ventas y rentas sean recaudados bajo un concepto de territorialidad más cercano al contribuyente de modo que su recaudo y control sea más agresivo.
Esto solo es posible hacerlo por la vía de los gobiernos locales. El impuesto territorial otrora en manos del gobierno central, hoy es mejor recaudado a través del denominado «de bienes inmuebles» en manos municipales.
b) La administración del régimen de salud preventiva: es indispensable el traslado de la administración pública del régimen sanitario. El Ministerio de Salubridad Pública, como se concibe actualmente, maneja un concepto de administración vetusto por centralista. En la administración de la medicina preventiva y el control de plagas y epidemias es indispensable la participación comunal en los programas de salud. Al Ministerio de Salud corresponde una labor rectora de las políticas sanitarias preventivas, pero la administración de los programas preventivos y las Clínicas de atención primaria deben estar en manos del gobierno local, de modo que los usuarios tengan mejor acceso y control respecto del personal médico que las atiende y de las autoridades que influyen en los nombramientos de ese personal de modo que se garantice idoneidad y calidad de la atención.
Ya en el pasado Costa Rica tuvo la experiencia en el mejoramiento de la calidad de los servicios médicos cuando se trasladó toda la administración hospitalaria de manos de las entonces denominadas Juntas de Caridad o de Protección Social a favor de la CCSS. Las instituciones de salud con rango hospitalario tanto nacionales como de las provincias deben mantenerse bajo la supervisión y control de la Caja, y su descentralización debe concebirse más bien sectorialmente y no territorialmente como ya lo dijimos, no así las Clínicas de Salud de atención primaria, cuya descentralización debe ser en función del gobierno local.
c) La administración educativa que incluye la salarial docente y la de sus edificios. La baja calidad de la enseñanza no solo tiene sentadas sus raíces en presupuestos públicos que no alcanzan para lograr la excelencia, sino también en el concepto erróneo de lo que debe ser un Ministerio de Educación Pública. Este Ministerio debe sujetarse a una labor de especialización en el fomento, control y fiscalización de la calidad de la enseñanza.
Más que la actual pesada, absorbente y desgastante labor de financiar y administrar salarios docentes y velar por que no terminen de derrumbarse los ya deteriorados edificios públicos de enseñanza primaria y secundaria, su exclusiva función debe ser conseguir e inyectar recursos que permitan innovación en los procesos educativos a través de novedosas tecnologías audiovisuales, informáticas y de transmisión de información y programas educativos por satélite, así como la de la promoción y ejecución permanente de programas de actualización profesional en beneficio de los maestros, que sean impartidas por profesionales altamente calificados en convenio con las universidades del país.
Esto haría mucho por disminuir la brecha entre la excelencia de la educación universitaria pública y la mediocridad de la educación primaria y secundaria pública. La administración docente y la administración de los edificios educativos debe ser tarea del gobierno local. El control de la idoneidad y aún de la moralidad de los educadores se hace mejor desde la comunidad. Igualmente la rendición de cuentas respecto del adecuado manejo, mantenimiento y administración de los edificios escolares interesa más al gobierno de la comunidad que a funcionarios que en la mayoría de las ocasiones ni conoce la realidad de ese inadecuado manejo, mantenimiento y deterioro de la infraestructura educativa.
d) la seguridad ciudadana local: Vivimos el colapso y fenecimiento del concepto de seguridad «de cuartel». El concepto del cuartel está más asociado a los conceptos militares de defensa que al de prevención y confrontación de una delincuencia cuyos métodos de acción son cada vez más asociados a lo imprevisible y sorpresivo, y que requieren de una labor de información prevención e inteligencia en asocio con la ciudadanía que nada tiene que ver con el régimen de cuarteles.
Me atrevería a afirmar que si todos los cuarteles se convierten mañana en museos no existiría mayor diferencia respecto a los niveles de eficiencia policial del combate a la delincuencia. Hoy una seguridad ciudadana eficiente está más asociada a mecanismos de participación y coordinación con la ciudadanía organizada que a cualquier concepto militar centralista de escasa cobertura territorial. Desde esa perspectiva la policía de un gobierno municipal puede desarrollar una mejor labor de prevención, coordinación y más eficiente cobertura territorial. La fuerza pública genera más confianza en el tanto es reconocida por la comunidad y controlada su idoneidad y moralidad por formas de gobierno más cercanas al ciudadano.
La infraestructura pública local. Así como el desarrollo de la infraestructura pública estratégica para el desarrollo nacional debe estar controlada por el gobierno central y su descentralización solo debe concebirse sectorialmente a través de concesión de obra pública con servicio público, igualmente el desarrollo de la infraestructura pública local debe estar en manos de la comunidad y por tanto del gobierno local.
Actualmente existe una modalidad de participación comunal en el desarrollo de las obras denominadas «planes cooperativos», en los que la comunidad colabora con el gobierno aportando recursos humanos y en algunos casos también recursos materiales para el desarrollo de la misma. Esta modalidad de participación de la ciudadanía en la obra de gobierno puede convertirse en un factor exponencial que dispare el desarrollo nacional. No obstante lo anterior actualmente es prácticamente imposibles ejecutar dichos planes por los niveles tan altos de desfinanciamiento de las actuales corporaciones municipales. De ahí la urgencia de la reforma tributaria ya enunciada que le permita al municipio el control de un mayor recaudo y por tanto de mayores recursos.
El proyecto mínimo y urgente de desarrollo nacional
Decía Ingenieros, el brillante filósofo argentino de principios del siglo veinte, que en ciertos periodos de la historia, «la nación se aduerme dentro del país. El organismo vegeta; el espíritu se amodorra. Los apetitos acosan a los ideales, tornándose dominadores y agresivos. No hay astros en el horizonte ni oriflamas en los campanarios. Ningún clamor de pueblo se percibe; no resuena el eco de grandes voces animadoras…Es el clima de la mediocridad.(9)
Esta expresión parece reflejar el clima que nuestra nación vive, a partir del agotamiento del modelo de desarrollo que impuso la generación que surge a partir de los acontecimientos de mil novecientos cuarenta.
Como hemos indicado ya, en la década de mil novecientos ochenta, Costa Rica empieza a mostrar evidentes síntomas de la erosión de dicho modelo, y comienza a sumergirse en una suerte de espiral decadente de algunos de sus indicadores de desarrollo. Decaen los índices de equidad en la distribución de la riqueza y Costa Rica empieza a mostrar síntomas importantes de un proceso de concentración del ingreso, que se traduce en un deterioro de la legitimidad y la convivencia democrática.
De lo que hoy la nación costarricense está urgida es de un mínimo consenso que permita el acuerdo en torno a temas vitales para el desarrollo nacional.
Desde esta perspectiva considero que ese acuerdo debe implicar al menos algunos proyectos específicos para las siguientes cuatro áreas vitales del desarrollo nacional: infraestructura, educación, economía y estado.
Por la crisis que está generándose en esas áreas citadas, y por representar los proyectos que paso a mencionar soluciones prácticas a dicha crisis, creo que en este cuatrienio, deben estar sino concluidos, al menos concluidas las bases para que se ejecuten definitivamente.
En materia educativa:
En materia educativa lo más urgente es el mejoramiento de la calidad de la enseñanza primaria y secundaria pública, a través del desarrollo de polos territoriales de excelencia educativa. Para implementar prácticamente esto de inmediato, un programa que propongo lo es la instalación de centros educativos de excelencia total estratégicamente ubicados territorialmente, que deberían contar al menos con la capacidad de acoger un promedio de dos mil estudiantes por institución, y que tendrían la función de convertirse en máscaras de proa para iniciar un plan piloto, -que posteriormente se consolide en el resto del país- en la concreción de instituciones educativas públicas de alto nivel de excelencia en la etapa escolar primaria y secundaria, y en la cual se implementen novedosos mecanismos informáticos y audiovisuales de enseñanza, que superen los métodos ortodoxos y tradicionales de enseñanza y memorización magistral.
Podríamos estar refiriéndonos a cinco centros de excelencia educativa primaria y secundaria en áreas geográficas estratégicas, pero territorialmente desconcentradas así: un centro de excelencia educativa en el cantón de San Carlos para la zona norte, otro similar en la Zona Sur, y así igual en tres zonas territoriales más, Guanacaste, en la provincia de Limón para la zona caribe, y en Puntarenas para el pacífico central.
Estos centros permitirían además, -como lo existen en la educación superior universitaria privada-, instituciones públicas que representan parámetros o referentes de excelencia en zonas territorialmente desconcentradas, con lo que se lograría mucho por la consecución, -para esas poblaciones-, de mayores oportunidades de crecimiento y modernización en zonas geográficas de menor desarrollo económico.
Utilizando como parámetro el costra promedio de instalación de algunos centros educativos de estas características, podríamos estar aludiendo a un costo promedio para el estado costarricense de entre diez a doce millones de dólares por la totalidad de los cinco centros, esto es, un aproximado total de 4.500 millones de colones, dinero que, si bien es cierto no tenemos, debe el gobierno hacer los esfuerzos indispensables para implementar la inversión, pues representarla un salto cualitativo de nuestra oferta educativa nacional.
Otro paso urgente en esta materia, que debe dar el país, es la implementación inmediata, de una mayor rigurosidad en algunos aspectos elementales de fiscalización de los Centros de educación universitaria. Al menos dos son los requisitos que de forma inmediata deben implementarse con rigor: el requisito de la cantidad y calidad de bibliografía en las bibliotecas de los centros universitarios -lo que podría implementarse de inmediato vía decreto-, y la implementación de un examen de admisión en todos los colegios profesionales, paso ese sí, que requeriría de aprobación legislativa.
En materia de infraestructura:
Debe existir un consenso para la concreción de tres proyectos indispensables en esta materia, cuales son, en primer término, el Proyecto hidroeléctrico de Boruca en la zona sur. Por la envergadura de este proyecto, a corto plazo, no puede ser financiado exclusivamente mediante fondos del estado costarricense, en razón de lo cual, las autoridades del ICE, en conjunto con las de relaciones exteriores, deben sentar las bases para atraer un socio del mundo desarrollado, en gestoría internacional para hacerlo realidad. Con este proyecto se aprovecharía el potencial energético, entre otros afluentes, del Río Grande de Torraba.
Este proyecto permitirá a Costa Rica, no solo reintegrar al socio gestor su parte invertida, garantizar nuestras fuentes energéticas por muchísimos años, sino exportar una gran cantidad de energía a otras naciones y obtener, para la economía, un importante ingreso de divisas por este concepto.
Un segundo proyecto urgente en esta materia de infraestructura es la definitiva conclusión de la vía interamericana que comunicará a Ciudad Colón con la costanera sur, esto es, desde Orotina al pacífico sur por un lado y también al Pacífico central y norte, con lo cual, desde el Centro del país, existirá una vía de rápido acceso al sur y al norte de nuestro territorio, desde Orotina a Quepos y la península de Osa, vía costanera, y que también comunicará, -desde ese mismo cantón Alajuelense-, a Guanacaste. Esta ruta, por demás, implicará también una activación de la zona sur del país como centro de inversión turística.
Finalmente, una tercera concreción urgentísima en esta materia, lo es el desarrollo de la modernización de la infraestructura de las infocomunicaciones, de modo tal, que nuestro país ofrezca a la ciudadanía y a las empresas radicadas en nuestro territorio las condiciones más favorables para la utilización y masificación del sistema internet de última generación. Costa Rica pierde, día a día, posibilidades de inversión por el vetusto sistema que ofrece actualmente RACSA.
En materia económica:
En materia económica Costa Rica requiere, -como punto de partida para su reactivación-, lograr un verdadero ordenamiento fiscal. En este sentido yerra el gobierno con insistir en la política de los paquetes de impuestos. Este ordenamiento fiscal no se conseguirá a través de otros paquetes impositivos que vengan a cargar aún más a aquellos escasos contribuyentes que sí son prolijos y puntuales, sino a través de la implementación de un mecanismo de recaudación que sea eficiente, lo que se puede lograr a través del sistema de mayordomía.
Este mecanismo de recaudación, que en Costa Rica se implemento en la colonia, consiste en una permisibilidad estatal para que actores privados o «mayordomos» puedan intervenir en la investigación y fiscalización tributaria respecto de agentes de la economía que son ocultos, evasores o que simplemente son ignorados por el estado recaudador, que son gran cantidad.
Básicamente, la labor de estos actores privados, consiste en la potestad que el estado costarricense les otorgaría, -por medio de licencias-, de ser una modalidad de inspectores e investigadores tributarios, cuya labor consiste en alertar al sistema la existencia de agentes evasores o situaciones irregulares de evasión. La contraprestación que recibirían estos agentes privados al servicio del fisco, es un pequeño porcentaje, que habría de determinarse vía ley, del monto que el fisco lograse rescatar.
Este mecanismo, permitiría solventar el que considero, es el primer problema económico del estado costarricense, cual es la millonaria evasión fiscal. Solo para dar un ejemplo, en materia de aforos, la implementación de estos incómodos actores, enquistados en las aduanas, haría sin duda mucho por la rigurosidad impositiva aduanera y la limpieza de irregularidades fiscales en dichos centros de recaudación, donde la evasión alcanza niveles insospechados.
Una segunda cuestión urgente a resolver en materia económica, lo es el del mejoramiento en la equidad del ingreso. Si bien es cierto en la década de mil novecientos cincuenta, la nacionalización del sistema bancario hizo mucho por el desarrollo económico, lo hizo más por la redistribución de la riqueza a través de las Juntas rurales de crédito para la agricultura y los créditos blandos a la industria. Eso resultó, para dicho momento, algo histórico.
Hoy un proyecto realista que vendría a resolver el problema de la concentración de la riqueza nacional se podría lograr a través de la implementación, -en un afán solidario con los más necesitados-, de un Fondo financiero de todo el sistema bancario nacional, esto es, tanto de la banca estatal como de la privada, para otorgar préstamos a un interés preferencial, exclusivamente para el desarrollo de la mediana y pequeña iniciativa económica. Este plan consistiría en el establecimiento de una figura algo similar al encaje legal que actualmente tiene la banca a favor del Banco Central, que corresponde a un monto mínimo determinado de sus depósitos que son intocables para las distintas entidades.
En este caso nos referimos a algo que si bien es un ejemplo análogo, es diferente, pues se trataría de la obligatoriedad de reservar un monto específico de la totalidad de los recursos depositados en cada Banco para destinarlo a préstamos que se caracterizarían así: a) por ser destinados a pequeños y medianos proyectos productivos y de servicios, b) por contar con un estudio de factibilidad que los deberá respaldar, c) porque la misma entidad bancaria deberá tener facultades para fiscalizarlos y d) por tener una tasa de interés preferencialmente baja, en especial si tienen como objetivo aumentar nuestras exportaciones comerciales. Esto, además de su objetivo democratizador, haría muchísimo por el fortalecimiento y dinamización de la economía nacional.
Con la misma urgencia, se encuentra la necesidad de atender el problema de la deuda pública. Este problema es tan grave que requiere de una acción inmediata, práctica y drástica, que deberá consistir, necesariamente, de una reconversión, mediante recompra, de la deuda pública interna que actualmente tiene el estado costarricense con los agentes privados internos de su economía.
Esto consistiría esencialmente en reunificar esa parte de la deuda pública interna a través de la colocación de lo adeudado en una cantidad menor de acreedores internacionales negociando mejores condiciones de pago. Considero que actualmente, en esa materia y por la necesidad urgente de resolver el tema, al país no le queda otra salida sino ésta, para lo cual, de conformidad con el inciso 15 del artículo 121 de la Constitución Política, se requiere de una clara determinación del Ejecutivo para lograr la aprobación calificada de dicho eventual acuerdo en el parlamento.
En materia de organización del estado:
Algunos sectores de la clase intelectual costarricense se han enfrascado en lo que parece ser una discusión bizantina sobre la conveniencia para Costa Rica de un régimen parlamentario, o bien continuar con nuestro régimen presidencialista. En resumen, como ya hemos expuesto, el próximo Estado costarricense, deberá acercarse más a una forma de gobierno directorial como el de Suiza. El próximo estado no es ni un parlamentarismo a lo inglés, ni un presidencialismo centralista.
Un cambio más grave, por urgente, que requiere hoy el Estado costarricense lo es en el tema de administración de justicia. Se habla de oralizar los procesos como una forma, -entre otros objetivos-de humanizar y descongestionar el sistema, sin embargo, estoy convencido, por el contrario, que la oralidad de los procesos no implicará lograr agilidad alguna en el sistema. Lo que debe hacerse es estimular la desviación de la resolución de los procesos civiles y comerciales, fuera del sistema judicial tradicional.
Para esto, debe legislarse para modificar el artículo 43 de la Constitución Política, de modo tal que, en aquellas contrataciones civiles y comerciales donde las partes expresamente estipulen su sujeción al sistema de arbitraje, sea vinculante esta vía dado el caso de una eventual contención. Esto por medio de listas de oficinas legales arbitrales, bajo fiscalización de la Corte Suprema de Justicia, y de modo tal que, dichas resoluciones por ellos emitidas, solo puedan recurrirse por las mismas razones de derecho que atañen a la Casación.
Bibliografía:
1) En «Interpretación de nuestra evolución republicana.» Asamblea Legislativa. Revista Parlamentaria. Vol 6 No. 2. Diciembre de 1998.
2) Vásquez Solorzano Isabel. Evolución y funciones de las Municipalidades en Costa Rica. Análisis de un caso. Tesis de Grado. Facultad de Ciencias Sociales UCR 1982.
3) Araya Pochet Carlos y Albarracín Priscilla. Historia del régimen municipal en Costa Rica. EUNED San José. 1986.
4) Brenes Villar, Carlos Roberto. Aspectos Histórico Jurídicos del Régimen Municipal costarricense, La colonia a 1870. Facultad de Derecho UCR 1970.
5) Rodrigo Fació Brenes. Estudio sobre Economía Costarricense. Editorial Costa Rica. San José 1975.
6) Vega Carballo José Luis. Hacia una interpretación del Desarrollo Costarricense. Ensayo Sociológico. Editorial Porvenir San José 1980.
7) Elizondo Cerdas Jorge. Hospital San Juan de Dios. Apuntes para su historia. Euroamericana de Ediciones. San José 1990.
8) Geiger, Erwin P. Privatización y Política Económica. ANFE, San José 1991.
9) Ingenieros José. El Hombre Mediocre. Editorial Porrúa. 1993.
– Doctor en Derecho constitucional por el Convenio Prolade. Abogado y notario.
Tomado de Escritos de nuestro reto social demócrata. Editorial Juricentro, 2003
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