Democracia ingobernable
Enrique Obregón V.
La confusión nos liega de rebote, como objeto que se lanzó y cuyo impacto no esperábamos. Es una información que confunde, el conocimiento de una situación que no tiene fundamento en teorías previamente elaboradas. De pronto nos enteramos de que la democracia no funciona. El Parlamento ha quedado fuera de la realidad imperante. Los partidos políticos, sorprendidos, se muestran incapaces de interpretar adecuadamente el espíritu del tiempo, por lo cual ya no tienen capacidad para ser intermediarios directos entre las necesidades del pueblo y los gobernantes.Países ricos, países pobres
Como el poder tiene que manifestarse, se traslada a sectores organizados de la sociedad, como los sindicatos o los empresarios. Algunos ciudadanos, un tanto despistados, se escandalizan, y acusan al gobernante de incapaz. Otros, señalan a los grupos de presión, manifestando que están usurpando la soberanía y violando la Constitución, al juzgar que la causa del mal es esencialmente nacional. Pero hay analistas, como don Guillermo Zúñiga, Ex viceministro de Hacienda, que señala causas externas para el mal funcionamiento en los sectores del poder público. La democracia está bloqueada, manifiesta. Y refiriéndose al Informe de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano para el año 2002, dice que «en el orden global, sobresalen tres aspectos: el aumento de la brecha entre países pobres y ricos, el elevado número de gobiernos refractarios al sistema democrático y el peso preponderante de los países ricos en las decisiones económicas o financieras de repercusión mundial, pese a que éstas afectan particularmente a las naciones más pobres», El señor Zúñiga aclara que éstas no son razones únicas del desequilibrio social, ya que cuentan también la responsabilidad de los gobernantes y la corrupción.
Sobrecarga de demandas
Sea cual fuere el tipo de democracia que se pueda señalar —teniendo en cuenta factores económicos, sociales, políticos, filosóficos o jurídicos— lo cierto es que los teóricos están de acuerdo en admitir que el fin último de la democracia es «proveer las condiciones para el pleno y libre desarrollo de las capacidades humanas esenciales de todos los miembros de la sociedad«. Es decir, crear un ambiente de paz, seguridad e igualdad de oportunidades para que esas capacidades humanas naturales puedan desarrollarse. Falla entonces la democracia que se manifiesta incapaz de acercarse a ese fin. Cuando la sociedad aprecia estas fallas, la crítica contra el sistema no se hace esperar. Algunos, más pesimistas, sostienen que la democracia ha entrado en crisis insalvable, señalando toda clase de soluciones (algunas fuera de todo análisis democrático) que es cuando aparece el concepto de «ingobernabilidad», o sea, que estamos en presencia de un sistema que no se puede gobernar. El tratadista italiano Norberto Bobbio, comentando el tema de la gobernabilidad, nos dice lo siguiente: «En especial, las posiciones más genuinas son las de aquellos que atribuyen la crisis de la gobernabilidad a la incapacidad de los gobernantes y las de los que atribuyen la ingobernabilidad a las demandas excesivas de los ciudadanos.
En esta segunda posición se define la ingobernabilidad como una sobrecarga de demandas. En línea general, las dos interpretaciones tienen algunos puntos de contacto, pero si se consideran como completamente distintas tienden a degenerar en acusaciones (contra los gobernantes o contra algunos grupos sociales, como los sindicatos) o en posiciones ideológicas (regreso a un mítico estado de «quietud» del sistema fundado en la obediencia de los ciudadanos o avance hacia el socialismo o superación del capitalismo). Su debilidad principal está en la falata de integración, en ei plano analítico, de dos componentes fundamentales: capacidad y recursos de gobiernos y gobernantes, por un lado, y demandas, apoyo y recursos de los ciudadanos y grupos sociales por el otro. La gobernabilidad y la ingobernabilidad no son, pues, fenómenos acabados, sino procesos en curso, relaciones complejas entre los componentes de un sistema político».
Ingobernabilidad
La ingobernabilidad no es algo nuevo, pero el estado de conciencia social sobre las labores de gobierno, sí. El mal llamado exceso de demandas no es otra cosa que el resultado del derecho que las gentes del pueblo tienen a una vida mejor, a un estado de bienestar. Cuando el obrero y el jornalero del campo entienden que ellos también tienen derecho a disfrutar de bienes y servicios, igual que el gran señor, entonces nace la presión y el «exceso de demandas».
S.P. Huntington (La crisis de la democracia) señala que «la gobernabilidad de una democracia depende de la relación entre la autoridad de las instituciones de gobierno y la fuerza de las instituciones de oposición«. En todo esto, hay problemas políticos, de gestión administrativa, de falta de apoyo político de los ciudadanos a las autoridades, o sea, de racionalidad y de legitimidad. Pero, en todo caso, como lo señalan algunos autores, la ingobernabilidad ha renacido, a partir de los setenta, cuando todas las democracias se estancaron, interrumpiendo el crecimiento constante que venían disfrutando desde 1950. La democracia logró fortalecer la clase media y dar aporte significativo a los sectores más pobres, sobre todo en trabajo, salud y educación. Este retroceso social de la democracia con la globalización y con el consecuente traslado de las decisiones sociales a las grandes empresas y organismos creados para atender exclusivamente a los intereses de las empresas, rompió el orden natural de desarrollo de los países, puso en duda la capacidad de gobernar, deslegitimando así a las instituciones democráticas históricas.
Presión ciudadana
La sobrecarga de demandas, no es otra cosa que la presión de los ciudadanos y grupos sobre los gobiernos para que mantengan, al menos, el nivel de vida que tenían hasta 1970 y que perdieron casi en su totalidad. El gobernante, que recién asciende al poder, puede tener grandes capacidades y buenos deseos de solucionar los asuntos públicos, pero está totalmente imposibilitado para atender debidamente demandas populares. La presión internacional sobre el gobernante democrático es brutal, a tal extremo, que si desatiende las «órdenes» que vienen del exterior, lo más seguro es que no termine normalmente su período constitucional. Los pueblos, hasta el momento, están perdiendo la pelea. El capital financiero mundial obliga a los gobiernos a divorciarse de los intereses nacbnales, o sea, abandonar su compromiso con el pueblo. Nace entonces, con caracteres muy vivos, la ingobernabilidad.
Disyuntiva del gobernante
A partir de aquí, del conocimiento de las causas que imposibilitan el buen gobierno, los hombres designados a conducir los asuntos públicos se encuentran ante la disyuntiva de unirse con los ladrones internacionales de derechos y libertades, o solidarizarse valientemente con sus propios pueblos. De inclinarse por esta segunda opción, lograrán demostrar que esa es la única forma de no perder legitimidad y de mantener viva la democracia.
«La legitimidad es el producto de las prestaciones gubernamentales que satisfacen las exigencias de amplios grupos sociales«, y esto se logra cuando el gobernante entiende que fue electo, fundamentalmente, para solucionar las necesidades de las mayorías. Aún en la más extrema de las crisis, un gobernante que entiende esto, asegura la legitimidad de su gobierno y colabora eficientemente en salvar la democracia. Todos los poderes negativos mundiales jamás podrán derrotar a un gobierno solidariamente unido con su pueblo. Pero para una decisión de esta clase, previamente, el gobernante está obligado a mirar un poquito debajo de su cintura para saber si tiene algo con qué responder.
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