Modernización y ampliación de las inversiones

Modernización y ampliación de las inversiones

Daniel Oduber Q.

Daniel Oduber

En marzo de 1963, en la vieja Casa Presidencial, el presidente Kennedy de los Estados Unidos, el presidente Orlich, de Costa Rica, los cancilleres Rusk y Oduber, el Ministro de la Presidencia, Ing. Mario üuirós, y los técnicos de la Alianza para el Progreso, Teodoro Moscoso y Arturo Mora/es Carrión, nos reunimos para conversar sobre los programas de la Alianza para Costa Rica.

La posición de los altos representantes del Gobierno de los Estados Unidos y los personaros de la Alianza era lograr que la América Latina, y en este caso Costa Rica, pudiera salir de sus moldes económicos clásicos con el fin de modernizar su fuerza productiva poniendo gran énfasis en la justicia social y en la independencia nacional en su desarrollo.

Pocas veces se había dado una coyuntura más favorable para el país, dada la excelente relación política entre ambos grupos. Las prioridades fueron definidas en la conversación misma, en la que se analizó, con gran entusiasmo, la corporación-estatal que se debía crear para impulsar en Costa Rica empresas más grandes que lo corriente. Se insistió mucho en la necesidad de estudiar más a fondo, como modelos, la Nacional Financiera de México y la Corporación de Fomento Chileno. Se informó a los visitantes del estudio ya realizado por técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo a solicitud del gobierno Orlich. Se había llegado a la conclusión de que, por su composición social, el capitalismo costarricense era tímido en la inversión y carecía de los recursos necesarios para emprender una serie de empresas de gran envergadura. Al no existir esa posibilidad en el complejo financiero nuestro, era casi tradicional que compañías extranjeras vinieran a explotar nuestros recursos, lo que había creado una cierta animadversión contra los Estados Unidos, a los que responsabilizaba de la conducta reprobable en el país de las compañías norteamericanas. Con el fin de raciona/izar la inversión privada de ese país y sujetarla a nuestras leyes, hacía falta un gran esfuerzo programado para iniciar proyectos importantes que, una vez en marcha y ya consolidados, fueran vendiéndose en parte o tota/mente a ahorrantes nacionales de la región.

El grupo visitante mostró interés por el proyecto y consideró que el gobierno Orlich hacía bien en darle la prioridad más alta a la formación de empresas modernas en el país, manifestando que ese era, precisamente, uno de los propósitos de la Alianza para el Progreso: liberar a la América Latina de la pobreza en que vivía, cambiando su estructura económica atrasada.

Ya en 1962 se había iniciado el estudio de un proyecto de ley para crear una Corporación de Inversiones en el país, aunque el Poder Ejecutivo determinó preparar otro proyecto y someterlo también al conocimiento de la Asamblea Legislativa. Este último lo habían elaborado técnicos costarricenses con base en el informe de febrero de 1963 del Banco Interamericano de Desarrollo.

Es importante transcribir parte de ese informe del BID, citado por el Ministro de Economía de la época, licenciado Berna/ Jiménez Monge en la Introducción al proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa en junio de 1965:

“… La Misión ha comprabado que, en la actualidad, no existe ninguna entidad que esté llevando a cabo una función promotora del desarrollo con la amplitud e intensidad suficiente para afrontar las necesidades del país y, especialmente, las de su población en activo crecimiento. La urgencia de esta acción económica se acentúa hoy ante la presencia de factores perturbadores, de origen externo, como los precios declinantes de la exportación y los desequilibrios que refleja la balanza de pagos. Si bien algunos estatutos legales han encargado al Consejo Nacional de Producción, al Banco Nacional de Costa Rica y otros, diversas funciones relacionadas con el desarrollo económico, la verdad parece ser que sólo se ha podido cumplir particularmente refiriéndolas únicamente a determinados sectores de la economía. La Misión ha comprobado que existen normas legales que fijan limitaciones a la banca, tanto para realizar determinadas operaciones como para captar recursos del ahorro interno que pudiesen acrecentar la inversión en proyectos de desarrollo.

Si entendemos el desarrollo como efecto acumulativo de las diversas acciones tanto sobre la estructura productiva y de la distribución, como sobre la estructura social e institucional del país, para mejorar el nivel de bienestar y el sistema de vida de una comunidad, se plantea como indispensable que la nación organice y concentre sus esfuerzos y recursos, tanto técnicos como económicos, para obtener un máximo aprovechamiento de ellos sn beneficio colectivo.

Dentro de tal visión general y aprovechando algunas favorables experiencias de otros países del Continente, estima la Misión que debiera crearse una entidad especial, distinta de las existentes, encargada de promover el desarrollo en su aspecto propiamente económico. Dicha entidad tendrá como objetivos fundamentales lograr una mayor movilización de recursos internos y externos, promover aumentos en la producción agropecuaria e industrial, estimular el proceso de diversificación de la producción y, en general, acelerar el proceso de desarrollo económico del país.

Tal conclusión está fundamentada, entre diversas razones, en el hecho de que la realización de una política activa de incremento y diversificación de la producción; de estudios y ensayos que permitan la instalación de industrias nuevas o el mejoramiento de las que existen; de otras que aceleren la sustitución de importaciones; de abastecimiento de equipo mecánico importado o nacional, para las empresas que hoy operan, de la creación, por eso y otros medios, de nuevas oportunidades de ocupación, supera en forma amplia el campo de las operaciones propiamente bancarias.

Si bien el crédito público ha sido la vía usual mente empleada para que el Estado coadyuve con la empresa privada en objetivos de crecimiento económico, no es menos cierto que, en la actualidad, la investigación y las realizaciones obtenidas en muchas naciones demuestran que para un desarrollo efectivo, es necesario abordar los problemas de base de la estructura económica. Vale decir, que nada definitivo se obtendrá en cuanto a mejoramiento si no se solucionan las deficiencias de la infraestructura del capital social básico, de la disponibilidad de la energía y combustible, el sistema de transportes, y asimismo, ciertas producciones primarias o esenciales de las cuales depende el crecimiento y diversificación de las demás. Todo ello supera, evidentemente, el ámbito de las operaciones normales y legítimas de un Banco. Bajo otro ángulo, para las tareas, de suyo complejas, que implica el desarrollo, se requiere de un organismo que tenga por labor primordial y permanente la activación del proceso, recurriendo a medidas que, debidamente coordinadas, produzcan una aceleración sucesiva, capaz de dar a la economía del país una dinámica de crecimiento propio sostenido, que le permita alcanzar una autosuficiencia de ahorro e inversión”.

El mismo día de la llegada del presidente Kennedy al país, en 1963, se inció la lluvia de ceniza del Volcán Irazú, que por dieciocho meses azotaría la Meseta Central y consumiría todos los recursos del Gobierno. La atención se dirigió a la lucha contra esa catástrofe. En noviembre de 1963, pocos meses después de la visita a Costa Rica, asesinaron al presidente Kennedy y poco a poco el impulso inicial de la Alianza se fue desnaturalizando. A finales del gobierno de Orlich ya estábamos en compaña política y nada se hizo. Liberación Nacional, con mi candidatura, perdió las elecciones y el gobierno del presidente Trejos dirigió su atención a otras cosas.

En 1970, con el triunfo del presidente Figueres, llegamos a la Asamblea Legislativa el Lic. Jenaro Valverde, don Luis Alberto Monge y yo, y nos dimos a la tarea de revivir la legislación pendiente y a resucitar estas ideas creativas de la Administración Orlich.

Julio 25, 1982

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