El poder está desbordando al TSE

Roberto Castro Ch.

Roberto Castro Chaves

El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” sentencia que la conocida frase clásica expresa, y tememos que estamos en puertas de ingresar a un laberinto, que podría eventualmente representar la pérdida total o parcial de nuestra democracia electoral, o en el menor de los casos tomar una dirección poco saludable para el sistema democrático costarricense.

La opción de que los magistrados de ese importante Tribunal puedan ser reelegidos indefinidamente, en vez de ser una garantía institucional, puede representar la consolidación de errores y malos procedimientos pues al ser los mismos de siempre, existe la tendencia a no ver o disimular situaciones que no necesariamente, son saludables. No afirmamos que existan pero existe la posibilidad de que así sea.

La Sala Constitucional desde el principio de su operación se pronunció en el sentido de que los procesos o reclamos de inconstitucionalidad en materia electoral, debían ser conocidos por el TSE, lo que en principio parecía razonable pues el Tribunal es la máxima autoridad en esa materia, pero el asunto visto a la distancia no parece tan racional, pues el afectado o supuesto afectado, siempre será medido por la visión de las mismas personas en el mismo tema, dejando desde el punto de vista del derecho objetivo, en parcial indefensión al reclamante ante el sistema electoral, pues no existe otro órgano de mayor rango al que acudir.

Desde la entrada en vigencia del actual Código Electoral, se creó la figura del asesor electoral, personaje que se apersonaría a las juntas receptoras de votos para “asesorar” a los miembros de mesa, en el supuesto de evitar anomalías en el proceso de votación, sin embargo desde el primer proceso en que participaron no asesoraron, sino que impusieron su criterio, relegando el criterio de los miembros de mesa que actuaban en representación de los partidos políticos, olvidándose de la responsabilidad que la ley les otorga. En actualidad operan dos asesores del Tribunal, pero el asunto es que los partidos políticos no tienen partidas presupuestarias para pagar a sus miembros de mesa, mientras que el tribunal dispone de una suma “X” por el día de trabajo, lo que indujo a los más experimentados representantes de los partidos, a acceder para el puesto de asesores, lo que deja a los partidos sin poder contar con un representante “con vos y voto” en las juntas receptoras, lo que implica que sólo impera el criterio del Tribunal. Esto no significa que el Tribunal vaya a actuar en forma indebida, pero sí que no hay contraparte técnica en las decisiones que se tomen en las juntas receptoras.

En las elecciones de febrero posiblemente no haya miembros de mesa de los partidos políticos, lo que puede representar una facilidad para el Tribunal, y hasta para los partidos, pero no existe el predominio de los representantes de los electores son los partidos, y que son la parte más interesada de que todo salga bien. El Tribunal una vez más muestra su interés de manejar los procesos sin criterios distintos, aunque sean legales y que de alguna manera legitiman el proceso.

Sabemos que cualquier reforma que se proponga a la legislación electoral, debe ser consultada al TSE, situación que nos induce a un paso inconveniente más, pues es de suponer que una enmienda en el sentido de que los señores magistrados no sean reelegidos más de dos veces, encontrará mucha resistencia y oposiciones, pues el nombramiento por períodos los convierte en “magistrados vitalicios” con todos los inconvenientes que el asunto puede conllevar.

Creemos que es hora de reflexionar sobre el tema, pues no tendría ni justicia histórica ni democrática, que se haya derramado tanta sangre de costarricenses por lograr lo que hemos conseguido, y que por omisiones técnicas, funcionales o legales, lo vayamos a perder o demeritar.

Abrazo cordial

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