El afianzamiento de CODESA

El afianzamiento de CODESA

Daniel Oduber Q.

Daniel Oduber

Pronto se van a cumplir veinte años desde el inicio de nuestra lucha por una corporación de inversiones. Al empezar la Administración Orlich en 1962, ya discutíamos, apasionadamente, ese proyecto; cinco administraciones después, existe todavía mucho político que no entiende de qué se trata. Tal vez ha sido un error nuestro Daniel Oduber no explicar, con mayor amplitud, la importancia de esa corporación, lo que ha hecho que la resistencia de muchas gentes del grupo conservador, y la mala fe de quienes la utilizaron con sentido político, casi diera al traste con ella; pero es nuestra obligación defenderla, mejorarla y ampliarla para que cumpla su verdadero cometido, y demostrar que el mal uso que han hecho de sus recursos en años recientes no es ningún vicio original de la Corporación, sino del empeño que pusieron en corromperla para destruirla.

Los elefantes blancos de que hablan algunos comentaristas, se han convertido en empresas sólidas que salieron de la crisis a que las abocó el Gobierno anterior, más fortalecidas que nunca. La ruina que amenazaba a muchas empresas privadas que debían dólares fue obviada, casi milagrosamente, por las empresas de CODESA que debían colones. Cementos, alcohol, azúcar, aluminio, etc., se encuentran ahora en excelente situación para consolidar sus operaciones.

En mayo de 1978 la Administración Carazo se lanzó a desmantelar las empresas de CODESA, con una absoluta falta de responsabilidad. Se veía en esa Corporación una de las ideas más importantes de Liberación Nacional en su lucha por un cambio en las estructuras económicas, lucha que se había iniciado desde 1948. Primero había que destruir CODESA para tratar luego de destruir la banca y todo el sistema económico nacional. Se creía que, en esa forma, los treinta años de Liberación Nacional darían paso a una nueva era -la era de Carazo- que construiría “una Costa ñica mejor”. Anularon un importante proyecto de azúcar -Boruca- perjudicando de pasada, a mil productores pequeños del proyecto Coto Sur, semilleros de caña, etc. La Central Azucarera de ese lugar, ya adjudicada por licitación pública a una empresa mexicana, costaría hoy cuatro veces su valor de entonces, y se requerirán otros cuatro años para la reconstrucción de semilleros de caña, fincas, etc. Se acabó con la posibilidad de tener otro núcleo fuerte de desarrollo en esa zona con base en pequeñas propiedades, así como la Central grande de alcohol y azúcar que balancearía la producción de CA TSA en la zona del Tempisque. Hubo fuerte presión, en 1978, para adjudicar el ingenio a amigos del Gobierno que se iniciaría, pero como no lo hice, porque la adjudicación había sido hecha por técnicos y no por políticos, a partir de mayo los nuevos personeros de CODESA se lanzaron a destruir todo el proyecto. En Guanacaste trataron de hacer lo mismo, deteniendo la instalación de la destilería de alcohol. Como no se pudo deshacer el contrato, el Presidente de la República, en un acto todavía insólito, la inauguró y la cerró el mismo día, la “desinauguró”, para abrir/a luego y convertirse en el gran defensor del proyecto de alcohol, mientras repartía contratos para otras destilerías. Arruinado, obstaculizado y maltrecho, salió el programa de alcohol y de azúcar de CA TSA en el Gobierno que acaba de pasar, pero ahora se rehace con gran entusiasmo y seguirá adelante, al igual que otras empresas de CODESA.

El gobernante puso a gente incondicional suya a dar fianzas a quienes nosotros no quisimos fiar. Sostuvimos la tesis de que las empresas necesarias para nuestro desarrollo, deben ser apoyadas y aun avaladas por el Estado si los dueños de esas empresas, a su vez, corriendo riesgos similares, contragarantizaban las fianzas del Estado. Tan pronto llegó el Gobierno anterior, se cambió de criterio y se usó a CODESA para favorecer a los que tenían buenos nexos con los gobernantes. Las empresas-problema que tiene CODESA hoy son productos de esa política y no de ningún vicio original del proyecto.

Dijimos antes que la Ley 6453 de 1980 fue una ley ética y que no respondía al programa original de la Corporación. CODESA debe vender sus acciones reservándose la mayoría en aquellas que sean estratégicamente necesarias. Las tres grandes empresas que cité (cemento, aluminio, azúcar o caña), no pudieron ser realizadas antes de 1978por nuestro sector privado por falta de recursos o por temor a su tamaño. Las hizo el Estado para vender luego sus acciones, y así tendría que ser, derogándose la Ley 6453, pero medíante una operación clara de venta, a la luz del día, y con la necesaria intervención de los organismos contralores para que no se trate de repetir lo que se quiso hacer en esa época: vender a valor de libros las acciones, para que grupos privados se beneficiaran de un valor muy reducido en colones, y asumieran deudas en colones desvalorizados.

Debe buscarse, preferentemente, accionistas nacionales, grandes y pequeños. En algunos casos, como en el del ingenio y destilería Federico Sobrado en el Tempisque, se prepara ya su traslado a los productores de caña nacionales por medio de la Liga de la Caña, y se busca, además, dar participación a mas y más campesinos organizados en cooperativas y asociaciones. Cementos debe buscar la colocación de acciones entre los constructores, maestros de obra etc., y Aluminios debe fomentar la venta de acciones en pequeñas industrias transformadoras, de las que ya existen algunas en el país. En todas estas operaciones, la Corporación deberá adherirse a la idea original de que más y más ahorro nacional se vaya inviniendo en acciones de CODESA.

El costarricense no es aficionado a invertir por miedo a los engaños y fracasos de muchas empresas que han debido terminarse en el país. El Estado, por medio de esta Corporación, debe correr los primeros riesgos y, una vez consolidadas las empresas, trasladar su propiedad a los ahorrantes costarricenses. Con los fondos de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, los del Instituto Nacional de Seguros, los del Banco Popular, los que llegue a crear el Sector de Economía Laboral (SEL), los del Sistema Bancario Nacional, etc., se podría canalizar el ahorro nacional para la formación de empresas necesarias. El Estado no debe administrar empresas, sino irlas trasladando a los costarricenses para que éstos se “desproletaricen”y lleguen a ser dueños de un patrimonio que les dé mayor dignidad y seguridad. No se puede hablar de democracia económica si no se da la propiedad de las grandes empresas nacionales a la mayor cantidad posible de costarricenses. Todo esto será posible si CODESA funciona como ha sido concebida, y no la liquidan como quieren algunos.

¿Podría comprenderse algún día que empresas que han sido del Estado puedan ir a manos de la empresa privada? ¿Por qué no la energía eléctrica, las comunicaciones, los seguros, etc.? En algunas, la Corporación deberá mantener la mayoría de las acciones, hasta que otra generación decida cómo habrá de continuar su administración. En otras, miles de costarricenses deberán ser sus dueños. En lo político deberemos reformar el Estado, pero en forma integral. En lo social deberemos reconstruir el país y poner/o otra vez en el camino en que se hallaba en mayo de 1978, para mejorar, año tras año, el nivel de vida de cada familia costarricense. En lo económico tendremos que multiplicar nuestra producción hacia niveles altos en dólares que nos permita pagar lo que se debe, y seguir con nuestro desarrollo. El ahorro nacional pueda significar miles de millones de colones, si se da confianza al ahorrante y se le muestra la conveniencia de invertir en las grandes empresas nacionales. La meta nacional podrá ser, en los próximos años de este siglo, democracia en lo político, en lo social y en lo económico.

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